BSA acaba de hacer publico que durante 2007 se llevaron a cabo en España un total de 357 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que presuntamente vulneraron los derechos de la propiedad intelectual del software.
A lo largo del año pasado se efectuaron un total de nueve registros en empresas por tener programas instalados en sus ordenadores sin la correspondiente licencia, lo que les supuso un coste medio de 53.390 euros en concepto de indemnizaciones.
Por otros lado, se dictó una sentencia penal por delito contra la propiedad del software, se presentaron 13 demandas contra empresas presuntamente usuarias de software sin licencia, de las cuales 9 fueron objeto de registro judicial y fueron enviados a la policía un total de 20 casos. El resto de las acciones correspondieron a cartas enviadas a las empresas, bien avisándoles de las consecuencias de tener presuntamente instalado software ilegal, bien solicitando información sobre el estado de sus licencias de software, en ambos casos por existir indicios de práctica fraudulenta.
Según señala Luis Frutos, presidente del comité español de BSA, "el cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual es un requisito que no podemos olvidar y para ello colaboramos estrechamente con las diferentes unidades y cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen como misión proteger a usuarios, empresas y fabricantes del uso fraudulento de los sistemas de información".
El índice de piratería de software en España es del 46%, según el último informe global de IDC, correspondiente a 2006, lo que supuso en ese año unas pérdidas de 689 millones de euros y sitúa a nuestro país 10 puntos por encima de la media de la UE.